El
TC y las dos Españas
Javier Ortiz en
su blog
La Transición española se realizó aplicando
una norma que en su momento a muchos pareció astuta y eficaz,
pero cuya fragilidad se ha ido evidenciando más y más
con el paso del tiempo. La norma en cuestión fue, por decirlo
a la pata la llana, el pasteleo. Cada vez que se les presentaron
dos posibilidades antagónicas en su tarea de reorganizar
el Estado, los padres de la Patria, encargados de reconvertir el
franquismo en un régimen parlamentario, asumieron las dos,
y se quedaron tan anchos.
Eso dio como resultado muy diversas anomalías, entre ellas
la que supuso establecer que existe una sola nación española
pero, en cambio, diversas nacionalidades, a algunas de las cuales
se las consideró además depositarias de derechos históricos.
El texto del Estatuto de Autonomía vasco,
aprobado en tanto que Ley Orgánica en 1979, arranca diciendo:
“El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de
su nacionalidad…” Sin embargo, el Tribunal Constitucional,
en su resolución de anteayer sobre la Ley vasca de Consulta,
ha decidido que no cabe presuponer la existencia de una entidad
jurídica denominada “el Pueblo Vasco” (tal cual:
entre comillas). Veamos. Si el pueblo vasco ha sido reconocido por
la ley española como tal pueblo, con o sin mayúsculas,
y si se admite que constituye una nacionalidad, merecerá
que se le reconozcan los derechos que los acuerdos y tratados internacionales
asignan a los pueblos y nacionalidades. Pero también cabe
dar la vuelta a la moneda y decir: si la ley española establece
que por estos pagos sólo hay un titular de soberanía,
que es el Pueblo Español (también con mayúsculas,
pero sin comillas, por si acaso), entonces “el Pueblo Vasco”
ni es pueblo, ni es nacionalidad, ni es nada que tenga capacidad
para decidir por su cuenta.
Las dos tesis son defendibles, porque las dos tienen
apoyatura jurídica en un régimen que decidió
dictar leyes a gusto de todos, fueran militares golpistas o nacionalistas
de cualquier procedencia.
Lo significativo es que las máximas instancias
del Estado estén dando ahora prioridad a las normas que se
aprobaron en su día para calmar a los herederos del franquismo.
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