Greenpeace denuncia la presión urbanística y la contaminación como los principales problemas de la costa vasca

Greenpeace denunció este miércoles que la presión urbanística y la contaminación son los principales problemas de la costa de Euskadi, que acumula en su territorio el 33 por ciento de las metalurgias, el 26 por ciento de las industrias papeleras y el 12 por ciento de las plantas químicas más contaminantes del Estado y la segunda refinería en tamaño de toda la península.

Greenpeace presentó la octava edición del informe 'Destrucción a Toda Costa', en el que se repasa la situación del litoral y se analizan los 100 casos que revisten mayor gravedad en relación con el número de kilómetros de costa de cada una de las comunidades y ciudades autónomas.

Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla comparten este año el primer puesto de un hipotético podio como las regiones litorales que más han maltratado su costa. En el segundo puesto estarían Cataluña, Baleares y Galicia, que continúan "acosando su medio natural con el ladrillo y la contaminación", indica la organización econologista, para añadir que Euskadi, Cantabria y Asturias "les siguen muy de cerca, replicando en el norte el modelo devastador mediterráneo".

Según Greenpeace, la costa vasca, especialmente el litoral de vizcaíno, sufre" una presión urbanística continuada que provoca impactos ambientales negativos sobre un litoral privilegiado". En ese sentido, aseguró que "la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas" y recordó que "algunas de las propuestas urbanísticas del Ejecutivo vasco han sido rechazadas con contundencia por los ciudadanos, que no quieren sacrificar su territorio ni su calidad de vida".

En el informe, Greenpeace destaca casos como el recientemente aprobado Plan de Ohija en Bakio para construir 238 viviendas y un campo de golf de nueve hoyos. Según la organización ecologista, el proyecto "ha sido aprobado con urgencia para eludir las directrices de la Ley del Suelo, que reservan el 75 por ciento de los terrenos para viviendas de protección oficial en municipios con más de 2.000 habitantes".

Greenpeace señala en el documento que "el mismo partido que aprobó esta Ley, el PNV ha aprobado un proyecto que escapa a ella" y advierte de que "las peores prácticas urbanísticas mediterráneas veranean ahora en la costa vasca". También cita el caso de la Reserva de Urdaibai, "acosada por nuevos proyectos, como la ampliación de la maderada Finsa-Inama, una empresa conocida por sus actividades altamente contaminantes, e investigada desde 2004, o las nuevas instalaciones del museo Guggenheim".

También considera "especialmente reseñable el impacto ambiental negativo provocado por los puertos deportivos". Según indica, en la última década, Euskadi ha experimentado "el mayor crecimiento en número de amarres deportivos de todo el Estado, cuadruplicando sus atraques hasta llegar casi a los 5.000". En ese sentido, critica que el Gobierno vasco "se plantea seguir aumentando esta cifra, sin tener en cuenta las afecciones negativas en forma de contaminación y privatización de la costa que provocan estas instalaciones".

Asimismo, Greenpeace considera que las herramientas legales aprobadas como la Ley Vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial del Protección del Litoral de marzo de 2007 suponen "una protección mínima para la costa, ya que el Plan fue aprobado después de que se pusieran en marcha cuatro proyectos de puertos de gran impacto para el medio marino: los puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de puerto exterior de Pasaia".

Tras recordar que los estuarios y costas de Euskadi han sufrido vertidos contaminantes procedentes de su amplio tejido industrial desde hace décadas, reconoce que la situación "ha mejorado" en los últimos años, pero señala que "los niveles de contaminación de la desembocaduras del Nervión y Oiartzun y sus zonas costeras de influencia son especialmente preocupantes, por sus contenidos en metales pesados y otros elementos tóxicos y peligrosos".

En el informe 'Destrucción a Toda Costa 2008', Greenpeace considera "urgente" la puesta en marcha de las medidas como impedir la expansión ilimitada del urbanismo y proteger de forma efectiva los primeros 500 metros de costa de la urbanización y aplicar la Ley de Costas, terminar la delimitación del dominio público marítimo terrestre, eliminar las construcciones ilegales y conservar los espacios costeros.

También cree preciso la puesta en marcha de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y acabar con los vertidos industriales y urbanos, así como el fortalecimiento de los planes de lucha contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos y la creación de reservas litorales y marinas.