Sobre el proceso de paz y la democracia en España
José María Chacón

Durante las últimas semanas, puede palparse que el denominado proceso de paz no solo está atascado, sino que parece encaminarse hacia atrás, y casi, casi, cuesta abajo. Los discursos de guerra de los distintos agentes implicados se empecinan en echar la culpa al de enfrente en esa deriva y, sobre todo, en embarrar el campo para hacer imposible una valoración mínimamente cabal. En medio estamos los que vamos a pagar las consecuencias.

Es obvio que la kale borroka, el robo de armas o los intentos de condicionar el diálogo de los partidos no ayudan, y en ese sentido hay que ponerse firme ante el MLNV para que reconduzca esa situación si realmente quiere un proceso de paz. Pero empeñarse en volcar toda la responsabilidad de lo que ocurre sobre el MLNV es falsear la realidad. Zapatero tiene que responder a una pregunta: el proceso de paz que él ha puesto en marcha, ¿es un acto de gobierno o un acto de Estado?

Podría parecer que, después de que él mismo pidiera permiso, y lo obtuviera, del Congreso español, nos encontraríamos ante la segunda. Pero la actividad de los jueces, obedientes al dictado de un PP que rechaza el proceso, a pesar de la existencia de un mandato Parlamentario –demostrando el respeto que le merece esa institución, cuando el Parlamento no es un mero altavoz de sus propios postulados-, dejan a las claras que no es el Estado el que ha dado inicio a un proceso de paz, sino que es el gobierno inconsciente de un Zapatero torpe el que se ha metido en un jardín del que no sabe salir.

Que diga el gobierno socialista que no puede hacer nada, apelando a la división de poderes, para impedir la acción político-judicial de los jueces del PP, demuestra que ese proceso no es una decisión de Estado, sino un acto de gobierno. Y esto es una mala noticia. Si existe un mandato del Congreso al Gobierno para que negocie con ETA su disolución, de acuerdo a unas condiciones recogidas en el propio mandato, es obvio que todos los poderes del Estado, incluido el judicial, están concernidos, y deben hacer viable dicha negociación y dicha disolución. Sin embargo, los jueces del PP están desoyendo ese mandato, y el gobierno socialista, por miedo a la reacción del PP, a la de la opinión pública, o por su propia debilidad interna, se está mostrando incapaz de hacer valer el mandato del Congreso.

Pero también es una mala noticia en otro sentido. Debemos preguntarnos si la guerra política, abierta y con tintes cada vez más preocupantes, entre el Partido Popular y el PSOE tiene paralizado al Estado y nos lleva al caos. El PSOE controla el poder ejecutivo, en virtud de unas elecciones democráticas, y tiene apoyos suficientes, con sus socios parlamentarios, para dominar el poder legislativo. Pero es el PP quien domina el poder judicial, y utiliza ese poder para paralizar el legislativo y para hacer volar por los aires el ejecutivo. ¿Debemos pensar que la división de poderes, establecida originalmente en la teoría democrática para garantizar un reparto del poder del Estado, se ha convertido en una carga de profundidad que va a hacer inviable la democracia en España por la guerra abierta entre la derecha postfranquista y las izquierdas democráticas? ¿Está previsto en la teoría democrática la utilización de un poder como el judicial para arrumbar o hacer inviables los otros dos?

Estas son las consecuencias que nos ha deparado la tan alabada Transición: los demócratas no se atrevieron a acabar radicalmente con el sistema fascista, y ahora va a resultar que van a ser los fascistas los que acaben con la democracia. Una vez más