Judicializar la política es impedir el diálogo
Una opinión desde la diáspora*

El proceso de normalización política en Euskalherría se encuentra detenido, y esta dinámica se ha acentuado luego del atentado ocurrido en Barajas, cuando la irresponsabilidad ha podido más que las palabras. Pero también resulta justo remarcar la poca predisposición del gobierno de Madrid para producir los gestos necesarios, con el propósito de construir un espacio de resolución del conflicto vasco.

La negación de una salida democrática ha sido y será la moneda corriente de grupos extremistas de ultraderecha, antidemocráticos, que por todos los medios quieren impedir una solución negociada al contencioso vasco, es más, pretender llevar al banquillo de los acusados a actores representativos de la política vasca. En este sentido, el día 26 de marzo deberán comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el Lehendakari Ibarretxe y Arnaldo Otegi, entre otros, por haber cometido el delito de dialogar, buscando formulas e ideas para lograr la paz y normalización política.

Pero todo indica, que lo que huela a vasco debe ser judicializado o prohibido, mientras detrás de esta pantomima judicial, el Partido Popular amenaza a partir de su manifiesta intolerancia, presionando al gobierno de Madrid e impidiendo la implementación de cualquier posibilidad de diálogo, como así también, bregando por la instauración del tan nefasto paradigma de las dos españas.

Más allá de estas presiones, el gobierno de Madrid, ha producido un gesto, al trasladar a Euskalherría a Iñaki de Juana. Pero quedan pendientes otras tareas que competen a todos, como por ejemplo: impulsar una mesa de resolución en Euskalherría, sin agendas ni protagonismos, terminar con todo tipo de violencia, renunciando expresamente a la misma, como método de resolución del conflicto vasco, producir cambios en la política penitenciaria, derogar la ley de partidos políticos, exponer los proyectos políticos con claridad y sin oportunismos personales o sectoriales, trabajar para lograr la unidad de la sociedad vasca, en un marco de convivencia democrática, donde el derecho a decidir, sea el punto de partida para la construcción nacional.

Desde la diáspora, entendemos que somos parte del conflicto, como así también de su solución. En este sentido, instamos a las fuerzas políticas y sociales a deponer posiciones sectoriales, a trabajar por la unidad, con el fin de lograr los objetivos nacionales y a tender la mano generosa del diálogo, sin exclusiones, en definitiva, a ser contestes con los principios y la cultura de un pueblo milenario, que espera con ilusión que sus objetivos de paz y normalización política se cristalicen, para de esta manera, poder construir un futuro de dignidad, en un marco de democracia y libertad.

*José Domingo Ormaetxea.- Militante del PNV
César Arrondo.- Militante de EA
Santiago Bereciartua.- Militante de la Izquierda Vasca